Editorial La Jornada
Mientras la barbarie represiva de los golpistas cobraba las primeras vidas de opositores en Tegucigalpa, el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, vio frustrado su intento de volver a su país y hubo de aterrizar en El Salvador, luego que las autoridades espurias hondureñas negaron a su avión permiso para aterrizar en el aeropuerto de Tocontín.
Tras la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA), las gestiones internacionales para restablecer el orden constitucional en la nación centroamericana parecen haber llegado a un punto muerto. El intento de Zelaya por volver a su país reflejó, por añadidura, malas decisiones políticas: el secretario general de la OEA y los tres mandatarios latinoamericanos que habrían de acompañar al presidente legal (Cristina Fernández, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay) en realidad viajaban en otra aeronave, lo que facilitó al régimen cuartelario denegar la autorización de aterrizaje al avión del solitario Zelaya. Por añadidura, éste aceptó viajar en un aparato facilitado por el gobierno venezolano, lo que da argumentos –así sean falsos e improcedentes– a sus detractores hondureños en el sentido de que el presidente constitucional es un peón de Hugo Chávez.
Es posible que esos signos de descoordinación e impotencia de la comunidad internacional, y en especial de la latinoamericana, ante el golpe de Estado del pasado 29 de junio, hayan alentado la decisión de los gobernantes de facto de pasar a una nueva fase de la violencia policial y militar contra las expresiones de resistencia al cuartelazo. El hecho es que ayer, en las inmediaciones del aeropuerto de Tocontín, dos manifestantes, opositores al régimen espurio fueron asesinados a balazos y un número indeterminado resultaron lesionados.
En resumen, el régimen golpista no sólo está dispuesto a resistir el aislamiento internacional, sino que ha decidido cruzar, en el ámbito interno, la línea de la violencia represiva letal. Es claro que la apuesta de los gobernantes cuartelarios consiste en realizar, a finales de este año, unas elecciones que, de antemano, carecen de toda legitimidad y credibilidad, y que de ninguna manera significarían el restablecimiento de la normalidad democrática aplastada por la fuerza bruta.
Sin duda lo deseable sería que los sectores populares hondureños que rechazan a las autoridades impuestas lograran, por medio de movilizaciones nacionales masivas y pacíficas, imposibilitarles la permanencia en el poder. Desgraciadamente tal perspectiva parece poco probable, dado el abrumador desequilibrio de fuerzas –mediáticas, institucionales y no se diga militares– que obra en favor del régimen oligárquico instaurado manu militari.
En tales circunstancias, la acción de los organismos y gobiernos del hemisferio se enfrenta a una disyuntiva del todo indeseable: emprender un férreo embargo económico que pudiera disuadir a los golpistas de su idea de permanecer en el poder, pero que resultaría enormemente doloroso para la población hondureña, dos tercios de la cual viven en una situación de pobreza agravada por la actual crisis mundial; enviar una fuerza militar internacional que desaloje a las autoridades ilegítimas, lo cual resulta groseramente incongruente con los principios de no intervención y de resolución pacífica de los conflictos, o bien aceptar, a regañadientes, la persistencia de un gobierno surgido de una asonada militar, lo que sentaría un precedente nefasto para el conjunto de los débiles e incipientes regímenes democráticos en América Latina.
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