viernes, 5 de julio de 2013

Europa debe proteger a Edward Snowden

Que la UE abandone al 'denunciante' supone renunciar a sus principios



El 12 de octubre de 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por “su contribución a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa”. Así, Europa debe estar a la altura y demostrar su voluntad de defender la libertad de información, cualesquiera que sean los temores a las presiones políticas de su mejor aliado, Estados Unidos. Ahora que Edward Snowden, el joven estadounidense que reveló la existencia del programa de vigilancia mundial PRISM, pidió asilo a una veintena de países, los Estados de la Unión, principalmente Francia y Alemania, deben darle la mejor acogida, bajo cualquier estatus. Pues si Estados Unidos sigue siendo uno de los países del mundo que ponen en lo más alto el ideal de la libertad de expresión, la actitud que adopta respecto a los “informantes” mancilla claramente la Primera Enmienda de su Constitución.

Desde 2004 el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión hacían un llamamiento conjunto a los Gobiernos para proteger a los “denunciantes” (whistleblowers) frente a “sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de ‘buena fe”. Se definía a los denunciantes como “aquellos individuos que dan a conocer información confidencial o secreta, a pesar de que tienen la obligación oficial, o de otra índole, de mantener la confidencialidad o el secreto”. En 2010 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sostuvo: “La definición de revelaciones protegidas debe incluir todas las advertencias de buena fe contra diversos tipos de actos ilícitos”. La resolución 1729 pedía que las leyes cubrieran “a los denunciantes de los sectores público y privado, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia”.

El perfil del informático es el de los informantes a los que amparan las leyes y normas internacionales. Con excepción de los aficionados a la caza del hombre que lo acusan de ser un traidor a la patria y de los sofistas que enredan el debate en argucias jurídicas, ¿quién puede cuestionar seriamente la calidad de denunciante de Edward Snowden? El exinformático permitió que la prensa internacional —The Washington Post, The Guardian y Spiegel— diera a conocer un programa de vigilancia de decenas de millones de ciudadanos, especialmente europeos. Blanco de un dispositivo que atenta a la vez contra su soberanía y sus principios, los países de la Unión Europea le deben a Snowden sus revelaciones, claramente de interés público. El joven no puede ser abandonado en una zona internacional del aeropuerto de Moscú sin que esto signifique para los países europeos un abandono de sus principios y de una parte de la razón de ser de la Unión Europea. Sería inconsecuente poner el grito en el cielo a niveles diplomáticos y abandonar al autor de estas revelaciones.

Más allá de la necesaria protección de los denunciantes, la protección de la vida privada corresponde claramente al interés público, en especial tratándose de la libertad de información. En un informe del 3 de junio pasado, Frank LaRue, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, consideraba que “la protección de la vida privada es un corolario necesario para la libertad de expresión y de opinión”. El carácter confidencial de los intercambios entre los periodistas y sus fuentes es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de información. Cuando las fuentes de los periodistas se ven afectadas —como sucedió con las de la agencia Associated Press—, cuando Estados Unidos abusa de la espionage act (ley de espionaje) —desde su adopción, que data de 1917, la ley se ha empleado en nueve ocasiones contra “informantes”, seis de ellas bajo el mandato de Barack Obama—, cuando Wikileaks es amordazado por un bloqueo financiero, cuando los colaboradores y amigos de Julian Assange no pueden franquear la frontera estadounidense sin sufrir un registro integral, cuando el fundador y los colaboradores de este sitio web corren el riesgo de afrontar procesos legales en territorio estadounidense, no es solo la democracia estadounidense lo que está en peligro, es el ejemplo democrático de Thomas Jefferson y Benjamin Franklin lo que pierde su esencia.

De las nueve veces que se ha perseguido a los que revelan secretos, seis son bajo mandato de Obama ¿En nombre de qué Estados Unidos estaría exonerado de respetar los principios que exige se apliquen en otros países? En enero de 2010, en un discurso histórico, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo de la libertad de expresión en línea una piedra angular de la diplomacia estadounidense. Una posición reafirmada en febrero de 2011: la misma Hillary Clinton recordaba entonces que sobre la cuestión de la libertad en Internet se ponía del lado de la apertura. Bellas palabras, tan alentadoras para los resistentes en Teherán, Pekín, La Habana, Asmara, Asjabad, Moscú y tantas otras capitales. Pero, ¿cómo ocultar la decepción cuando la skyline de los rascacielos de la vigilancia estadounidense parece competir con la Gran Muralla tecnológica de China o la Internet nacional del régimen del mulá? El mensaje de democracia y promoción de los derechos humanos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado han perdido mucho crédito. Signo del pánico general, el sitio web de Amazon registró en Estados Unidos un aumento de 6.000% de las ventas del best seller de George Orwell 1984.

Big Brother (Gran Hermano) nos observa desde las afueras, en Washington. Las instituciones que garantizan la democracia estadounidense deben ejercer su papel de contrapoder frente al Ejecutivo y sus abusos. El sistema de controles y contrapesos no es solo un eslogan para los fervientes lectores de Tocqueville y Montesquieu. Los miembros del Congreso deben encausar lo más rápido posible los terribles desvíos securitarios de la patriot act reconociendo la legitimidad de esos hombres y mujeres que hacen sonar la alarma. La Whistleblower Protection Act (ley de protección de los denunciantes) debe ser enmendada y ampliada para garantizar una protección eficaz de los denunciantes que actúan bajo un legítimo interés público, que no tiene nada que ver con los intereses nacionales inmediatos interpretados por los servicios de inteligencia.

Julian Assange es fundador de Wikileaks y Christophe Deloire es secretario General de Reporteros sin Fronteras

jueves, 27 de junio de 2013

Brasil. La gran oportunidad. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS*

Texto original. Público.es
 
Brasil. La gran oportunidad.
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS*
 
La historia enseña y la actualidad confirma que no es en los periodos de crisis más aguda o privación cuando los ciudadanos se revuelven contra un estado injusto obligando a las instituciones y al poder político a realizar cambios decisivos en el Gobierno. Siendo siempre complicadas las comparaciones, sería de esperar que los jóvenes griegos, portugueses y españoles, gobernados por gobiernos conservadores que les están secuestrando el futuro, tanto en el empleo como en lo que a salud y educación se refiere, se revolvieran en las calles más intensamente que los jóvenes brasileños, gobernados por un gobierno progresista que ha promovido políticas de inclusión social, aunque minado por la corrupción y, a veces, equivocado con respecto a la prioridad relativa del poder económico sobre los derechos de ciudadanía. Siendo ésta la realidad, sería igualmente de esperar que las fuerzas de izquierda de Brasil no se hubiesen dejado sorprender por la explosión de un malestar que se ha venido acumulando, y que sus congéneres del sur de Europa se estuviesen preparando para los tiempos de contestación que pueden surgir en cualquier momento. Infelizmente, no ha sido así antes, ni lo es ahora. Por un lado, hay una izquierda en el Gobierno fascinada por la ostentación internacional y por el boom de los recurso naturales; por otro, una izquierda acéfala en la oposición, paralizada entre entre el centrismo maloliente de un Partido Socialista ávido de poder a cualquier precio y el inmovilismo embalsamado del Partido Comunista. El Bloco de Esquerda (Bloque de Izquierda) es el único interesado en buscar soluciones integrales, pero sabe que solo no conseguirá nada.
 
Pero la semejanza entre las izquierdas de los dos lados del Atlántico termina aquí. La de Brasil está en condiciones de transformar su fracaso en una gran oportunidad. Si la aprovechará o no es una pregunta aún sin respuesta, pero las señales son esperanzadoras. He aquí, las principales:
 
Primero, la presidenta Dilma Rousseff reconoció la energía democrática proveniente de calles y plazas, prometió dar máxima atención a los manifestantes y, finalmente, se mostró dispuesta a reunirse con representantes de los movimientos y organizaciones sociales, algo que había rehusado hacer desde el inicio de su mandato. Falta por saber si en este reconocimiento se incluyen los movimientos indígenas que más directamente han salido perjudicados del modelo de desarrollo asentado en la extracción de recursos naturales a cualquier precio y han sido víctimas constantes de la violencia estatal y para-estatal y de groseras violaciones del derecho internacional (consulta previa, inviolabilidad de territorios, etc.).
 
Segundo, en muchas ciudades se anularon los aumentos de precio del transporte público y, en algunos casos, incluso se prometió la gratuitad de los mismos para los estudiantes. Una señal de justicia para las reivindicaciones del Movimento Passe Livre (MPL). Además, para enfrentar los problemas estructurales en este sector, la presidenta prometió un plan nacional de movilidad urbana. Tales problemas no serán resueltos sin una reforma política profunda, ya que las concesionarias de transportes son fuertes financiadoras de las campañas electorales. Aun así, la presidenta, consciente de ello y de los hilos que mueve la corrupción, se ha decidido a promover tal reforma, garantizando mayor participación y control ciudadano, y más transparencia y control a las instituciones. Y aquí está la tercera señal. Creo, no obstante, que la presidenta sólo se meterá en tal reforma bajo mucha presión. En vísperas de elecciones, y a lo largo de su mandato, convivió mejor con la bancada parlamentaria ruralista (con un poder político infinitamente superior al peso poblacional que representa) y con sus agendas del latifundio y de la agro-industria de la que comen los sectores en lucha contra los agrotóxicos y en defensa de la economía familiar, la reforma agraria, los territorios indígenas y quilombolas, etc. La reforma del sistema político tendrá que incluir un proceso constituyente, y en eso se deberán implicar a los sectores políticos de la izquierda institucional y los movimientos y organizaciones sociales más lúcidos.
 
La cuarta señal reside en la vehemencia con que los movimientos sociales que han estado luchando por la inclusión social y que han sido el ancla del Foro Social Mundial en Brasil se han distanciado de los grupos fascistoides y violentos infiltrados en las protestas y también de las fuerzas políticas conservadoras -que tienen a su servicio a los grandes medios de comunicación-, empeñadas en dividir a la clase popular. Volver a las clases populares contra el partido y los gobiernos que, en el balance general, más han hecho por la promoción social de las mismas, era la gran maniobra de la derecha. Pero parece que ha fracasado. A ello ayudó también la promesa de la presidenta de destinar el 100% de lo recaudado por los derechos de explotación del petróleo a educación (Angola y Mozambique, despierten mientras estén a tiempo) y sanidad (llevando a miles de médicos extranjeros para el Serviço Unificado de Saúde -el SUS, similar al Sistema Nacional de Salud portugués y español-).  
 
En estas señales reside la gran oportunidad de las fuerzas progresistas en el gobierno y en la oposición para aprovechar el momento extrainstitucional que vive el país y hacer de él el motor de la profundización democrática del nuevo ciclo político que se aproxima. Si no lo hacen, la derecha hará todo cuanto sea posible para que el nuevo ciclo sea tan excluyente como los viejos ciclos que durante tantas décadas protagonizó.  Y no olvidemos que tendrá a su lado al big brother ("gran hermano") del Norte, a quien no le conviene un gobierno de izquierda estable en ninguna parte del mundo, y mucho menos uno de los trozos de tierra que aún considera suyo.
 
* BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra.