miércoles, 5 de agosto de 2009

Inicia en el estado de Puebla la persecución en contra de las mujeres que abortan


A. FARÍAS Y M. HERNÁNDEZ

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició investigaciones sobre una joven de 20 años que abortó. Se trata de las primeras indagatorias de esa naturaleza luego de que el Congreso local aprobó en marzo de este año reformas a la Constitución estatal para endurecer las penas por la interrupción voluntaria del embarazo.

Organizaciones no gubernamentales que han luchado por la legalización del aborto advirtieron que ha iniciado una persecución contra las mujeres que ejercen sus derechos reproductivos, y anunciaron que apoyarán legalmente a Alejandra Gómez Sánchez, quien está sujeta a la averiguación previa 61/2009/EH.

Personal del hospital de la Cruz Roja de la capital poblana fue el que dio aviso a la PGJ sobre el aborto la tarde del pasado domingo. El subdirector de esa institución, Leónidas Cuapio Montero, detalló que la mujer ingresó al nosocomio con un severo sangrado después de que abortó a un feto de 14 semanas de gestación que pesó 120 gramos.

Explicó que era el primer embarazo de la paciente, quien se provocó el legrado consumiendo varias pastillas de Cytotec, medicamento que sirve para atender problemas del aparato digestivo como gastritis, úlceras y agruras, pero que en los últimos años se ha popularizado como un fármaco abortivo debido a que aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones de la matriz.

Cuapio señaló que cuando los médicos se dieron cuenta de que la hemorragia que presentaba la paciente se originó por causa de un aborto, inmediatamente le notificaron a José Ávila García, responsable de homicidios en la Procuraduría General de Justicia del estado, para que iniciara las investigaciones correspondientes y le tomara su declaración.

La joven abandonó el hospital de la Cruz Roja por su propio pie 24 horas más tarde, después de que los médicos le realizaron una limpieza uterina y le controlaron el sangrado.

A decir del subdirector de la Cruz Roja, anualmente atienden entre cuatro y cinco casos similares al de la joven de 20 años.

Los primeros reportes oficiales indicaban que la muchacha estaba en calidad de detenida; sin embargo, al mediodía del martes, la Subdirección de Prensa y Difusión de la PGJ aseguró que la mujer nunca estuvo privada de su libertad, y que constancia de eso era que ni siquiera estuvo sometida a custodia por parte de la Policía Judicial.

Agregó que las indagatorias deben determinar si el aborto fue inducido o accidental, y que de eso dependerá si se consigna o no a la joven, pero que desde que se aprobaron las reformas que endurecen las penas por abortar no se han presentado denuncias, y mucho menos han detenido a alguien por dicho delito.

Representantes de algunas organizaciones que han luchado por la legalización del aborto, como el Colectivo de Mujeres por la Democracia, se dieron hoy a la tarea de buscar a Alejandra Gómez Sánchez para apoyarla.

Advirtieron que evitarán que en Puebla suceda una persecución contra mujeres que abortan como la que sucede en varias entidades federativas, como Guanajuato, donde hay 130 féminas sometidas a investigaciones, procesos y penas por haber interrumpido el embarazo.

Brahim Zamora, vocero de la asociación civil Democracia y Sexualidad, declaró al respecto: “Esto es lo que preveíamos, la reforma a la Constitución no evitará nunca los abortos clandestinos, y este es el claro ejemplo; además, lo que pasa aquí es la criminalización de mujeres, que con la reforma se endurece más, aunque no se haya reglamentado todavía; esto es, en Puebla sigue sin ser un delito grave y siguen existiendo las causales que contempla el Código de Defensa Social”.

“Vamos a darle seguimiento al caso, pues tememos que pase como en Guanajuato, donde algunos casos han servido como castigos ejemplares para algunas jóvenes. Como el caso de una adolescente de 16 años que fue condenada a 40 años por homicidio al practicarse un aborto”, agregó el activista.

Y remató: “Vamos a darle seguimiento, porque hasta antes de la reforma realmente no había querellas sobre el tema. Vamos, si se habían acumulado 30 en toda la historia eran muchas, y no tenemos informes de ningún proceso inculpatorio en Puebla o encarcelamiento a ninguna mujer”.

El 12 de marzo pasado la mayoría de los diputados del PRI y toda la bancada del PAN, junto con el único diputado del Panal en el Poder Legislativo de Puebla, aprobaron reformas a la Constitución local que impiden la despenalización del aborto y de la eutanasia. Las enmiendas se lograron a pesar de la intervención del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados federal, Emilio Gamboa Patrón, quien envió una comisión de legisladoras federales a la entidad para detener la iniciativa.

La discusión en aquella sesión trascendió el salón de debates y se instaló también en grupos ciudadanos que se manifestaron dentro y fuera del edificio que ocupan los representantes populares a favor o en contra del aborto. La confrontación verbal fue tal que al Palacio Legislativo ingresó la fuerza pública para evitar que la violencia física se desatara.

Días antes de la aprobación se supo que líderes de cámaras empresariales, dirigentes del PAN y hasta el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa presionaron al gobierno del priista Mario Marín Torres para que endureciera las penas contra las mujeres que abortan.

De los 41 diputados que integran la Cámara sólo votaron en contra de la iniciativa los priistas Rocío García Olmedo, Luis Alberto Arriaga, Jorge Alfonso Ruiz Romero, Malinalli García Ruiz y Barbara Ganime Bornne; los perredistas Melitón Lozano e Irma Ramos; los petistas José Manuel Pérez Vega y Manuel Fernández, amén de Carolina O’Farrill, de Convergencia.

El pasado 15 de julio, asesoradas por la Red Democracia y Sexualidad, 112 mujeres interpusieron sendos amparos indirectos ante la justicia federal en contra de las reformas que penalizan el aborto.

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