Cédula de Identidad: Arma de control ciudadano
J. CARRASCO Y A. DELGADO / PROCESO
El miércoles 18 el gobierno federal dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de desarrollar el software para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, el documento mediante el cual la Secretaría de Gobernación tendrá en su poder la información biométrica de la población mayor de 18 años. Desde hace dos años, por una indiscreción del titular del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Carlos Anaya Moreno, diputados y senadores supieron que esa cédula es parte de un programa estratégico de control social.
Además de que implica una regresión democrática y un dispendio en medio de la crisis económica, al tiempo que exhibe un desapego a la ley y genera dudas en la licitación, el proyecto del gobierno de Felipe Calderón de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) esconde un objetivo estratégico: el "control" de los más de 100 millones de mexicanos.
Este propósito fue revelado, de manera involuntaria, por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en octubre de 2007 durante una reunión privada con diputados y senadores, en el marco de la mesa de la reforma electoral y en la cual el gobierno pretendía impulsar el Registro Nacional de Población (RNP) y la CIC.
En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a los legisladores una lámina en la que se aceptaba que la cédula no es sólo para dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un "programa estratégico del gobierno de la República por razones de control".
Los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN) y Arturo Núñez (PRD), así como los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Juan Guerra (PRD) manifestaron su alarma por el afán del gobierno de controlar la sociedad a través del RNP y la CIC, además de desplazar a la credencial de elector como documento de identidad.
En esa reunión estuvieron presentes también Alejandro Poiré, entonces asesor de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien opera actualmente el proyecto de la CIC como subsecretario de Gobernación, y Guadalupe Acosta Naranjo, en ese momento presidente nacional del PRD, quien confirma que la oposición rechazó el proyecto que, más que de identidad, es de "control" social.
"Así fue. El PAN propuso el tema y pedimos que compareciera gente de la Secretaría de Gobernación para saber qué estaban pensando sobre el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana", explica a Proceso Acosta Naranjo, quien hoy es diputado federal.
"Luego de esa exposición tan burda, hubo un rechazo del PRI y del PRD a ese planteamiento que pretendía ser parte de la reforma electoral y entonces se congeló", dice el legislador, y recuerda que en esa ocasión expuso que las implicaciones de este proyecto de Calderón son muy graves para el país y la democracia.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1723 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 8 de noviembre.
J. CARRASCO Y A. DELGADO / PROCESO
El miércoles 18 el gobierno federal dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de desarrollar el software para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, el documento mediante el cual la Secretaría de Gobernación tendrá en su poder la información biométrica de la población mayor de 18 años. Desde hace dos años, por una indiscreción del titular del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Carlos Anaya Moreno, diputados y senadores supieron que esa cédula es parte de un programa estratégico de control social.
Además de que implica una regresión democrática y un dispendio en medio de la crisis económica, al tiempo que exhibe un desapego a la ley y genera dudas en la licitación, el proyecto del gobierno de Felipe Calderón de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) esconde un objetivo estratégico: el "control" de los más de 100 millones de mexicanos.
Este propósito fue revelado, de manera involuntaria, por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en octubre de 2007 durante una reunión privada con diputados y senadores, en el marco de la mesa de la reforma electoral y en la cual el gobierno pretendía impulsar el Registro Nacional de Población (RNP) y la CIC.
En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a los legisladores una lámina en la que se aceptaba que la cédula no es sólo para dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un "programa estratégico del gobierno de la República por razones de control".
Los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN) y Arturo Núñez (PRD), así como los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Juan Guerra (PRD) manifestaron su alarma por el afán del gobierno de controlar la sociedad a través del RNP y la CIC, además de desplazar a la credencial de elector como documento de identidad.
En esa reunión estuvieron presentes también Alejandro Poiré, entonces asesor de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien opera actualmente el proyecto de la CIC como subsecretario de Gobernación, y Guadalupe Acosta Naranjo, en ese momento presidente nacional del PRD, quien confirma que la oposición rechazó el proyecto que, más que de identidad, es de "control" social.
"Así fue. El PAN propuso el tema y pedimos que compareciera gente de la Secretaría de Gobernación para saber qué estaban pensando sobre el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana", explica a Proceso Acosta Naranjo, quien hoy es diputado federal.
"Luego de esa exposición tan burda, hubo un rechazo del PRI y del PRD a ese planteamiento que pretendía ser parte de la reforma electoral y entonces se congeló", dice el legislador, y recuerda que en esa ocasión expuso que las implicaciones de este proyecto de Calderón son muy graves para el país y la democracia.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1723 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 8 de noviembre.
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