La decisión, anunciada ayer por el gobierno de Estados Unidos, de aumentar hasta en 36 por ciento su participación en el capital del multinacional Citigroup –a efecto de salvarlo de la bancarrota–, pone en perspectiva distintas consideraciones que resultan inquietantes, por decir lo menos, en torno a la situación legal de Banamex, filial en México del gigante financiero.
Enajenado durante el proceso de reprivatización bancaria que emprendió Carlos Salinas de Gortari a inicios de la década de los 90; rescatado con dinero público por medio del fraudulento Fobaproa/IPAB durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y vendido posteriormente a Citigroup, en un proceso irregular que significó eludir el pago al erario de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares por concepto de impuestos, Banamex vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras el anuncio realizado ayer por el gobierno de Barack Obama, por cuanto éste pudiera convertirse, así sea de manera temporal, en propietario de una de las principales instituciones financieras del país. Tal escenario, además de tener obligadas implicaciones en términos de vigencia de la soberanía nacional, está expresamente prohibido en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula al sistema bancario mexicano: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. Leer más.
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