viernes, 30 de octubre de 2009

Honduras: el largo camino para la restitución del orden

Prensa Latina

A un mes de las elecciones en Honduras, el gobierno legítimo y los golpistas anunciaron hoy un inminente acuerdo sobre la restitución del presidente Manuel Zelaya, pero aún falta camino por recorrer para el retorno a la institucionalidad.

El documento de ocho puntos, que deberá ser firmado esta noche, propone que el Congreso Nacional, tras consultar a la Corte Suprema de Justicia, decida ''retrotraer todo el poder ejecutivo'' existente antes de la asonada.

Sin embargo, todavía está pendiente el calendario para el retorno de Zelaya y se mantiene la incertidumbre sobre si la Corte y el Parlamento, instancias que apoyaron el cuartelazo, darán vía expedita al acuerdo o dilatarón el proceso.

''Es un primer paso para concretar mi restitución y tendrá que sufrir varios momentos. Yo soy un optimista moderado'', declaró el presidente Zelaya en la embajada de Brasil, donde se encuentra desde su retorno al país el 21 de septiembre.

No obstante, Zelaya calificó como un triunfo para la democracia el sólo hecho de que se está ya reconocimiento la necesidad de retrotraer los poderes del Estado al 28 de junio de 2009.

Tras advertir que Honduras ha pagado una cuota de sufrimiento muy grande, el presidente llamó al régimen de Roberto Micheletti a cumplir los términos de lo pactado.

El acuerdo contempla, además, la creación de un gobierno de unidad nacional, el rechazo a la amnistía para los delitos políticos, renunciar a la convocatoria a una constituyente y reconocer las elecciones de noviembre.

También plantea crear una comisión de la verdad para investigar los hechos antes, durante y después del golpe, solicitar a la comunidad internacional la normalización de las relaciones con Honduras y verificar el cumplimiento de lo pactado.

La mayoría de estos puntos están contenidos en el Acuerdo de San José, propuesto por el mediador de la crisis, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a instancias de Washington.

En esencia ese pacto plantea como primera condición la restitución de Zelaya en el cargo, aunque con una serie de condicionamientos que lo atan de pies y manos para tomar cualquier solución.

El Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que durante más de cuatro meses ha exigido en las calles el retorno al orden institucional, consideró que, por un lado es positivo terminar la crisis, pero eso no detendrá su lucha por una nueva constitución.

Zelaya fue sacado a la fuerza del país por militares golpistas el mismo día en que se iba a celebrar una encuesta para conocer si el pueblo estaba de acuerdo en la futura convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.

La Ley Primigenia de la nación fue aprobada en 1982, bajo la tutela de una dictadura militar, y no responde a la realidad social, económica y política del país, ni a los intereses de la mayoría, recordó el Frente.

Esa organización, que agrupa a decenas de entidades populares, indígenas, campesinos, sindicalistas y a representantes de otros sectores, también demanda castigo para los culpables de las violaciones de los derechos humanos.

De acuerdo con un informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el régimen golpista ha cometido más de cuatro mil violaciones de los derechos humanos, entre ellas más de una veintena de asesinatos y cientos de heridos y detenidos.

El presidente constitucional hizo votos para que la interrupción democrática a través de golpes de Estado no se vuelva a repetir.

Aún es incierto el escenario para los próximos días y no se sabe ni cómo, ni cuándo Zelaya va a retornar el poder, una exigencia de la comunidad internacional para validar las elecciones del 29 de noviembre.

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