El gobierno, contra los sindicatos / Editorial de la Jornada
Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.
Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la “toma de nota” a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.
El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.
El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.
El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la “unidad de todos los mexicanos”.
Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.
Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la “toma de nota” a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.
El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.
El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.
El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la “unidad de todos los mexicanos”.
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