Cientos muestran su apoyo al magistrado tras su suspensión / foto Reuters
Mientras viajo en autobús recibo un mensaje en el celular: Hoy 14 de mayo, concentración en la Audiencia Nacional. El poder judicial ha inhabilitado a Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo. ¡Que Franco no se vaya de rositas!” El ambiente está caldeado. Son muchas las llamadas y la preocupación por el futuro del juez. Sus más acérrimos detractores se frotan las manos, consideran que estamos ante el final de su carrera dentro de la judicatura. Otros, tal vez amigos y cercanos, apuestan por su incorporación al tribunal internacional penal. Un exilio dorado. Los más están perplejos, no entienden la decisión o la interpretan como un ataque al juez. En cualquier caso, la suspensión cautelar, que no su inhabilitación, forma parte de un largo y doloroso proceso.
En mi criterio, con esta decisión, se pretende acabar con la causa abierta para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el alzamiento nacional y los años posteriores de la dictadura fascista. Por consiguiente, el problema no puede centrarse en adivinar cuál será el porvenir de Garzón, ni tampoco ser contemplado como la cabezonería de un juez que ha roto el pacto de la transición, no ha respetado la ley de amnistía de 1977 y que busca protagonismo personal. Razones que suponen perjurio, base de la argumentación de Falange Española y de las JONS y del sindicato Manos Limpias, para imputarlo.
Lo que está en juego es algo mucho más grave y profundo. Sirva este extenso párrafo de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, redactada el 9 de abril, en apoyo a la investigación abierta por el juez: “la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños, cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esta deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía. En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en desamparo.”
Este es el quid de la cuestión. El auto de Garzón presentado el 18 de noviembre de 2008, origen del conflicto, abrió la puerta, tras 72 años de impunidad, para que tribunales y jueces pudieran investigar los crímenes de lesa humanidad habidos en la España franquista. Con una extensión de 152 folios razona sus causas. Hoy, con esta decisión cautelar, se cierra, de forma casi definitiva cualquier posibilidad de hacer justicia con las víctimas del franquismo.
De esta forma, las denuncias presentadas por Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica y particulares, el 14 de diciembre de 2006, que permitieron incoar diligencias previas, son definitivamente desestimadas. ¿Pero cuáles son estas denuncias?
Dejemos que sea el juez quien lo diga. Sus motivos los extraemos del auto de 2008. Eran “por presuntos delitos de detención ilegal basadas en un plan preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y los siguientes de posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español”. Así, la ley de amnistía de 15 de octubre de 1977 no podía aplicarse por la naturaleza jurídica de los delitos, forman parte de los crímenes contra la humanidad y por ende son imprescriptibles. En esta dirección, el juez se declaraba competente para estudiar y abrir diligencias a tenor de los hechos imputados. Los delitos, recalca, se centran “en la detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima (equivalente a la detención forzada de personas) cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad, en conexión con un delito contra Altos Organismos de la Nación y Forma de Gobierno”.
La sola idea de apuntar una posible responsabilidad penal para los alzados contra el régimen constitucional de la II República y fundamentar jurídicamente la pertinencia de los tribunales y jueces para investigar sus delitos, constituía, en los hechos, el fin de la impunidad del régimen franquista. Fue esta razón lo que hizo temblar a la derecha. Para evidenciar su malestar han puesto en la misma dimensión los crímenes cometidos por los republicanos en la guerra civil. Con ello hace hincapié en la necesidad de mantener cerrada la caja de Pandora y no remover el pasado. Pero olvidan que los “delitos imputados al bando constitucional y republicano” fueron juzgados por tribunales militares o civiles ad hoc. Es justamente esta condición lo que determina el carácter sistemático y continuado de ejecuciones y torturas, pudiendo hablarse de genocidio. En entrevista televisada, Joan Garces muestra su magnitud. En los archivos históricos de Alcalá de Henares, dirá, se contabilizan 300 mil ejecuciones y más de 3 millones y medio de personas torturadas y represalias. Lo anterior, agrega, suponía entre 40 y 50 por ciento del total de la población adulta.
Con la suspensión cautelar de Garzón, la derecha y el gobierno duermen tranquilos. Los crímenes de la dictadura seguirán impunes. La justicia en España es una quimera. ¡Viva Franco!
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